Las comunidades continúan en su devenir hacia el futuro, e inevitablemente nos vemos enfrentados a una dialéctica en la retórica que me hace volver a reflexionar sobre un hecho ocurrido en el pasado reciente.
En primer lugar quiero destacar que no pretendo bajo ningún aspecto emitir juicio sobre los hechos ocurridos en marzo pasado en la localidad de Baradero, sino por el contrario trazar algunas líneas de razonamiento para los ciudadanos que habitamos este país, para quienes intentamos día a día aportar algún granito de arena a mejorar la inseguridad vial y para aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas que, nosotros los ciudadanos, decidimos a través de nuestros legisladores establecer como “reglas de juego” para movernos y ocupar ordenadamente el espacio común que llamamos “vía pública”.
Es preciso señalar que todos aspiramos a que la ley sea justa y que se aplique y cumpla en todos los ámbitos públicos, privados e individuales. En este contexto me permito recordar que existen normativas como la Ley Nacional N°24449 que establece los kilómetros por hora de velocidad para circular de acuerdo a las cilindradas de la motocicleta, las edades mínimas para conducir, clases de licencias, requisitos para circular ,velocidad precautoria, velocidad máxima, y de “cursos de capacitación· para los funcionarios a cargo de la aplicación de la ley.
El 20 de marzo el Diario Clarín escribía sobre el caso:
“Ella tenía dos hermanos; él, cinco. Los amigos eran el cable a tierra. La moto, su devoción. La madre se la regaló a principios de este año y el 19 de mayo, cuando cumpliera los 17, le prometieron cambiarla. Iba a la escuela con ella y la utilizaba para salir con amigos o transportar a Giuliana, aunque sus padres tenían por costumbre darle el dinero para que regresara en remis. Ayer fue diferente.
Todos juran que no cometía excesos al manejar, que jamás viajaba rápido. Pero reconocen que no acostumbraba a utilizar casco. Por eso, ni Giuliana ni Miguel lo llevaban puesto cuando chocaron” (“Eran novios y se conocían desde que tenían 12 años”.
Frente a esto creo caben algunas reflexiones:
¿Queremos verdaderamente los ciudadanos cumplir con la ley y que TODOS la cumplan?
¿Somos coherentes entre lo que exigimos y lo que individualmente estamos cumpliendo con el ordenamiento comunitario establecido a través de las leyes?
¿Queremos una sociedad ordenada, en paz y respetuosa del bien de los demás?
¿Cómo evitar la impunidad del que sabe que “si se escapa” a un control “no pasa nada” y que de esta manera puede burlarse de aquellos que están para controlar el orden público y el respeto a las normas?
¿La violencia es el camino adecuado tanto para el control como para la demanda de justicia? ¿Es incumpliendo normas – como la destrucción de bienes públicos- la forma de lograr que se cumplan las normas?
¿Presentamos las distintas situaciones que ocurren diariamente en su justa medida o solo podemos ver “las imágenes” que se venden mediáticamente?
Tal vez es hora de sincerarnos y decidir qué comunidad queremos. Tal vez sea hora de poner cada cosa en su lugar, de dar a cada uno su valor, de asumir cada uno su responsabilidad, de demandar lo que también estemos dispuestos a cumplir, de hacernos responsable de tener un Estado serio y formado profesionalmente para el desempeño de las funciones que todos queremos que cumplan y al que también respetemos cuando cumplan debidamente con ese rol.
Juan Emilio Rodríguez Perrotat
